Es un equipo de trabajo integrado por cinco funcionarios públicos de los organismos del sector público electos mediante votación y juramentados por las máximas autoridades de la Institución ante representantes del Tribunal Superior de Cuentas, con el fin de promover el cumplimiento de las normas de conducta ética.

Deben ser de reconocida honradez y de notoria buena conducta. No ser parte de los puestos de jefatura en la estructura administrativa superior, administración de recursos humanos o supervisión.